La lectura simultánea esta mañana en los campus andaluces de una declaración institucional conjunto ha evidenciado el desencuentro entre la Junta de Andalucía y las universidades públicas andaluzas, al que se ha sumado la Universidad de Huelva en defensa de una financiación justa y suficiente.

En este sentido, la comunidad universitaria exige al Gobierno andaluz que respete los compromisos asumidos en el modelo de financiación aprobado hace más de dos años y que ha sido sistemáticamente vulnerado durante los ejercicios 2024 y 2025.

Desde el inicio de su aplicación, la Junta de Andalucía ha incumplido la cláusula de salvaguarda del modelo, que obliga a garantizar, como mínimo, el cien por cien de la financiación del año anterior y a incorporar las subidas salariales del personal público. En la práctica, las universidades siguen sin recibir partidas fundamentales, como el 0,5 por ciento de la subida salarial correspondiente a 2024 o la actualización del Capítulo II, lo que está generando una situación de asfixia financiera insostenible.

A esta situación se suma una gestión presupuestaria que distorsiona el propio modelo aprobado por la Junta, al transferir más de 37 millones de euros destinados a retribuciones como proyectos estratégicos no consolidables, pese a que el pago de salarios debe tener carácter estructural. Estos hechos, reiterados en el tiempo, están debilitando de forma progresiva la capacidad de las universidades para garantizar un servicio público esencial.

Asimismo, la Administración autonómica mantiene una negativa recurrente a abonar íntegramente las cantidades necesarias para aplicar los acuerdos firmados en Sevilla y Jaén para la creación de nuevos complementos retributivos del personal. Las transferencias realizadas resultan claramente insuficientes, al no contemplar ni siquiera el coste real de las cotizaciones sociales, agravando la infrafinanciación crónica del sistema.

Las universidades también denuncian la autorización tardía, o inexistente, del uso de los remanentes no afectados, una práctica que imposibilita una planificación responsable y eficaz, especialmente en materia de infraestructuras. A ello se añade la insuficiente dotación y el carácter no consolidado de la partida de nivelación, concebida precisamente para corregir las desigualdades históricas entre universidades.

Más allá del incumplimiento del modelo autonómico, las universidades públicas andaluzas reclaman el respeto estricto de la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU), que obliga a garantizar una financiación basal suficiente para cubrir personal, gastos corrientes e inversiones. El incumplimiento de este mandato legal sitúa al sistema universitario público andaluz en una posición de clara vulnerabilidad financiera y supone una contravención directa de la normativa estatal vigente.

Del mismo modo, las universidades exigen al presidente de la Junta de Andalucía que cumpla con el compromiso adquirido de aportar 16 millones de euros adicionales para sostenibilidad y digitalización, una partida anunciada públicamente y que ha desaparecido del reparto presupuestario, incrementando la desconfianza institucional.

Las universidades públicas andaluzas recuerdan que prestan un servicio estratégico esencial para el desarrollo económico y social de Andalucía: forman a las futuras generaciones en igualdad de oportunidades y generan conocimiento que se transfiere a la sociedad y al tejido productivo, multiplicando por cinco la inversión recibida, todo ello bajo estrictos criterios de transparencia y control público.

Por todo ello, si persisten los incumplimientos por parte del Gobierno andaluz, las universidades públicas de Andalucía defenderán por las vías legales que correspondan el cumplimiento del modelo de financiación y de los compromisos adquiridos, en defensa del sistema universitario público como pilar irrenunciable del progreso y la cohesión social de Andalucía.